La electricidad es un negocio y como tal, cuando tiene problemas tiene dos formas de resolverlo: subiendo el precio de lo que vende o bajando los costos.
Evidentemente, el precio de la energía no puede ser más elevado, por tanto, el Gobierno ha tomado el camino de bajar los costos por vía de la adquisición de varias plantas.
El problema es que la política tradicional del PLD luego de la Ley de Reforma de la Empresa Pública fue la de dejar al sector privado constituirse en el motor de esa actividad.
La experiencia ha indicado, sin embargo, que a pesar de haberse ampliado y mejorado el parque energético el precio de la energía no parece haber bajado.
Por supuesto, el Gobierno carga con gran parte de la culpa de la situación porque no ha podido realizar un adecuada gerencia de cobros ni un apoyo más eficiente al mejoramiento del parque energético.
Las provisiones de la ley que fijan el precio al peor postor, han contribuido a ello también.
¿Podrá el Gobierno bajar el precio de la energía? Esa es la clave de todo el asunto.
Si la baja, podrá exigir con más autoridad el cobro y bajaría el costo total de las transacciones energéticas que ahora demandan un subsidio insostenible.
¿Se pondrán las pilas los generadores privados? El juego se pone interesante.
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Domingo/La revista 